Cabo San Lucas, Baja California Sur. La delegación de la Comisión Nacional del Agua en Baja California Sur está obstaculizando soluciones urgentes al desabasto de agua en Cabo San Lucas, dejando a miles de familias sin acceso regular al servicio por semanas e incluso meses. Así lo expuso el regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, Celestino Atienzo Beltrán, en entrevista con el periodista Elías Medina en MVS Noticias Los Cabos, donde detalló la cadena de omisiones y confrontaciones políticas que hoy impactan directamente a los cabeños.
Atienzo denunció un conflicto abierto entre el alcalde Christian Agúndez Gómez y el director local de CONAGUA, Julio Villarreal, situación que ya escaló hasta la Cámara de Diputados. Mientras ambos funcionarios intercambian acusaciones públicas, los proyectos estratégicos para aumentar el abasto de agua permanecen detenidos. El regidor advirtió que, independientemente de las diferencias entre funcionarios o partidos, quienes terminan afectados son los ciudadanos, pues la politización del tema frena respuestas concretas a la principal deuda del gobierno con la población: el agua.
Aunque el municipio ha localizado nuevas fuentes de abastecimiento y OOMSAPAS busca rehabilitar pozos que están fuera de operación, no puede perforar ni extraer una gota más sin permisos, asignaciones o concesiones de CONAGUA. La delegación federal no ha agilizado esos trámites pese al déficit hídrico crítico que enfrenta la región. El resultado es que el agua existe, pero la burocracia federal la mantiene sin poder aprovecharse para el consumo de la gente.
A esta parálisis se suma la situación de la nueva planta desaladora. El regidor hizo referencia a versiones sobre un presunto bloqueo al acceso de la obra derivado de conflictos de transporte y sindicales. Aunque no confirmó la información, señaló que cualquier acción que frene esta infraestructura resulta preocupante porque se trata de un proyecto clave para mejorar el suministro. Mientras la desaladora no avanza y los pozos no se regularizan, el negocio de distribución por pipas crece sin control. En Cabo San Lucas es común ver decenas de vehículos diarios abasteciendo colonias que llevan más de un mes sin agua en la red. Atienzo relató que él mismo vivió el desabasto cuando una ruptura del acueducto dejó sin servicio a sectores de San José del Cabo por varios días, lo que le permitió comprender mejor lo que padecen habitantes de Cabo San Lucas.
Sobre la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, Atienzo señaló que la versión aprobada no contempla recursos económicos adicionales para los organismos operadores y, por el contrario, impone nuevas restricciones al consumo humano y a las actividades productivas. Esto deja a OOMSAPAS con más responsabilidades y menos presupuesto para enfrentar la crisis.
La falta de coordinación y la politización del agua tienen consecuencias directas para Cabo San Lucas. Los pozos siguen sin regularizarse y colonias completas pasan más de treinta días sin recibir agua. La desaladora detenida impide un aumento real en la producción pese a la creciente demanda turística y poblacional. El conflicto entre CONAGUA y la Alcaldía mantiene sin fecha de arranque los proyectos de emergencia. Y el auge de pipas obliga a las familias a pagar sobreprecio por un derecho humano básico.
El regidor hizo un llamado a todos los niveles de gobierno para dejar de lado diferencias políticas y concentrarse en resolver los problemas de la ciudadanía. Recordó que una vez que se ocupa un cargo de representación popular, la responsabilidad es con todos los ciudadanos, y que los funcionarios llegaron con la promesa de mejorar las condiciones de vida, no de anteponer proyectos personales.
Mientras CONAGUA Baja California Sur no agilice permisos, regularice pozos existentes y deje de politizar el acceso al agua, Cabo San Lucas seguirá pagando el costo con sed, sobreprecios y desigualdad.
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