“El Gobierno de Baja
California Sur tiene el firme compromiso de consolidar el Sistema de Justicia
Penal, y para lograrlo implementará las acciones conjuntas que para 2018
impulse el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se mejore la
impartición de justicia en nuestra entidad”, mencionó el secretario general de
gobierno, Álvaro De la Peña Angulo.
El funcionario
estatal, señaló que 2017 fue un año de grandes retos para el Sistema tanto a
nivel nacional como para el estado, ya que se transitó de la etapa de
implementación a la de consolidación, para lo cual, se emprendieron varias
acciones conjuntas con los Poderes del Estado y la Federación, entre ellas, la
creación de la Comisión de Ejecución Penal y la Subcomisión de Justicia para
Adolescentes, dando cumplimiento a las normas establecidas en este renglón.
Además, que se fortaleció
la profesionalización de los operadores del sistema, ministerios públicos,
jueces, policías, abogados litigantes, defensores públicos, estudiantes y
comunicadores, capacitando sólo en el año que culminó, dijo, a más de mil 100
personas.
“Este año no será la
excepción y tendremos nuevos retos, mismos que serán atendidos a través de la
Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento en el Estado, de manera
coordinada con los Poderes, los tres órdenes de gobierno y la sociedad,
principalmente en lo relacionado con la Ley Nacional de Ejecución Penal”,
expresó De la Peña Angulo.
Por lo que se estarán
reforzando los trabajos y colaboración con las autoridades penitenciarias e
instituciones que intervienen en la ejecución de la prisión preventiva,
sanciones penales y medidas de seguridad impuestas, para proporcionar los
programas de servicios para la reinserción al interior de los centros
penitenciarios; así como con organismos de la sociedad civil para diseñar,
implementar o brindar servicios en internamiento o post-penal, agregó.
También, se impulsará
el modelo de justicia terapéutica conforme a las disposiciones establecidas en esta
Ley, y el desarrollo de estrategias de implementación y operación de la Ley
General de Víctimas mediante diferentes acciones interinstitucionales.
“Si bien es cierto
que es necesario hacer algunas reformas constitucionales y al Código Nacional
de Procedimientos Penales, para perfeccionar la justicia penal, estamos
trabajando arduamente para que lo positivo del sistema funcione de manera eficiente
y eficaz en protección siempre de la víctima del delito y la justicia”,
finalizó Álvaro De la Peña.
